La estafa de la EMT ha acabado por salpicar finalmente al alcalde de Valencia, Juan Ribó,

El secretario que facturó 220.000 euros a la empresa es socio del cuñado del alcalde

La estafa de la EMT ha acabado por salpicar finalmente al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que desde el primer momento no dudó en señalar como culpable única del fraude de los cuatro millones a la trabajadora despedida tras conocerse los hechos. A las lagunas de gestión e irregularidades en la empresa pública de transportes que han ido aflorando como consecuencia del trabajo de la comisión de investigación se sumó ayer un nuevo episodio que, aunque no está directamente relacionado con la estafa, sí enturbia el papel del primer edil. Y es que, su cuñado (el hermano de su mujer), Daniel Pérez Fernández, es socio del abogado externo contratado por la dirección de la empresa para ejercer de asesor legal y de secretario en el consejo de administración, Salvador Martínez Tarín.

Este letrado, designado directamente por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, se ha embolsado una cifra aproximada de 220.000 euros desde 2015 por su asesoramiento en la entidad municipal y, tal y como admitió ayer el alcalde, comparte bufete con su cuñado. Además, según ha denunciado el PP, la EMT firmó un nuevo contrato con él por un importe mensual de cerca de 3.000 euros después de estallar la estafa. La publicación de la relación del letrado de la EMT con su cuñado obligó ayer al alcalde a intervenir para tratar de atajar la polémica. Ribó, en una comparecencia pública, sostuvo que no tenía conocimiento de la conexión laboral de su cuñado con el letrado de la EMT cuando se formalizó el primer contrato y que la decisión de contratar a Martínez Tarín la adoptó Grezzi, quien no le avisó de esta situación. Posteriormente, reconoció, supo de la relación y habló con su cuñado, quien le indicó que no realizaba ningún trabajo para la EMT y que, por lo tanto, tampoco facturaba ninguna cantidad. Posteriormente, desde Alcaldía se confirmó que aunque ambos abogados comparten un bufete, los servicios que se prestan a la EMT se realizan a través de otro gabinete jurídico en el que no participa su cuñado. En el mismo sentido se pronunció la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien subrayó que no hay ningún tipo de contrato ni relación laboral entre la EMT y el cuñado de Ribó y, por lo tanto, a su juicio no habría ninguna incompatibilidad ni legal ni ética.

Las explicaciones de Ribó, sin embargo, no convencieron a los portavoces de los dos principales grupos de la oposición en el consistorio, el PP y Cs. La portavoz del PP, María José Catalá, y el síndic del Cs, Fernando Giner, pidieron el despido «inmediato» y cese del secretario asesor del consejo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Asimismo, reclamaron el cese del presidente de la empresa pública y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi y Cs también del gerente y de otra directiva.

Catalá pidió que se convoque «urgentemente» la JuntaGeneral de Accionistas de la EMT para que Ribó «dé explicaciones» sobre la vinculación familiar que mantiene con el bufete de abogados «que ha cobrado los últimos cuatro años más de 220.000 euros de la empresa pública». «No hay excusa posible para que Ribó no convoque de inmediato la Junta General de la EMT para abordar el cese» del presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y del director gerente, Josep Enric García Alemany, «además de también someterse a consideración el despido del secretario asesor del consejo», destacó.

La portavoz popular, además, solicitó que el Interventor General del Ayuntamiento «certifique si los pagos que se han hecho en los últimos años al secretario asesor se ajustan a la legalidad». Al respecto, resaltó que Grezzi y el gerente de la EMT «han subido al secretario-asesor de la EMT un 500% el sueldo, tras la estafa de cuatro millones de euros de la EMT, pasando a cobrar de 600 a 3.000 euros».

Además, recordó que la EMT en el único organismo público del Ayuntamiento «que no está controlado por un secretario municipal habilitado nacional» y que el bufete de abogados «se contrató a dedo sin someterse a un procedimiento de pública concurrencia».

Por otro lado, el PP anunció que va a denunciar al Consejo de Transparencia y al síndic de Greuges que la EMT «sigue sin entregar el contrato que firmó en 2015 el secretario asesor». «Hace ya casi dos meses que pedimos la documentación cuando se conformó la comisión de investigación en la empresa y siguen sin darnos copia, por lo que vamos a pedir el amparo de estos entes ante la sospechosa opacidad de Ribó y Grezzi», expuso.

Por su parte, Giner censuró la «tomadura de pelo» de Compromís y el PSPV y anunció que su grupo exigirá en el pleno el cese de secretario asesor, del gerente y de la directora del área de gestión de EMT. «Si el cuñado de Ribó y el hermano de Puig están cuestionados, los ‘primos’ somos los valencianos», censuró.

Giner precisó que su grupo exigirá los ceses en el pleno del Ayuntamiento del próximo día 14 de noviembre. «Desde que se anunció el fraude, y a medida que se van conociendo cada día más detalles, queda claro que la capacidad de los órganos directivos de la empresa para gestionar la EMT es ya absolutamente insostenible. Lo mismo ocurre con la situación del secretario-asesor como prestador de servicios para la propia EMT», criticó. «Ya está bien de que nos tomen el pelo. Tenemos que cesar a Grezzi pero quien está detrás y toma las decisiones es el señor Ribó», cuestionó el portavoz naranja, que también llevará al pleno del jueves una moción en la que reiterará su petición de intervenir la gestión económico-financiera de EMT, a través de los órganos propios del Ayuntamiento. «La EMT debe acabar su deriva de gestión. 

FUENTE: EL MUNDO

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